El titular del reportaje especial del 19 de diciembre, “Energía bajo asedio”, del suplemento “Día 1″ de El Comercio, señala que la minería ya no es el foco principal de los conflictos sociales en el Perú.

La revisión del artículo indica, sin embargo, que esto no se debe a una disminución de los conflictos sociales reportados que desaparecen en el sector minero (94 de los 221 conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo a noviembre), sino a un aumento de los conflictos sociales absolutos. en términos de todos los conflictos y, en términos relativos, a una mayor incidencia reciente de afectaciones a activos críticos de otros sectores más allá de la minería.

Las fuentes consultadas para el informe infieren que existe una planificación organizada que busca afectar activos críticos para generar mayor impacto político.

Cabe destacar otro reportaje realizado por la Unidad de Periodismo de Datos (ECData) de El Comercio. Señala que durante los últimos gobiernos solo se ha logrado resolver conflictos que equivalen aproximadamente a un tercio de todos los conflictos nuevos. La fracción que se puede resolver se logra de forma lenta e ineficaz, lo que lleva a que el número de conflictos por resolver siga aumentando galopantemente.

En otra ocasión nos referiremos a la situación particular del déficit ‘in crescendo’ de compromisos por cumplir y conflictos por resolver. Si bien el diálogo y el consenso son muy importantes, no son ‘a priori’ los factores más críticos para abordar el problema numérico y de gestión que significa verse abrumado por cada vez más compromisos que no se pueden cumplir. Pero aquí es importante trabajar sobre los determinantes de los conflictos sociales en los sectores minero, energético e hidrocarburífero en el Perú. Se trata de tres variables internas a las empresas y tres externas. El primero de los externos es el de la participación de grupos opuestos al desarrollo.

De acuerdo a una revisión de la bibliografía académica, también se pudo apreciar que algunos hechos de la realidad peruana pueden ser explicados por la teoría.

En cuanto a la participación de grupos antiextractivistas, esta variable se vincula con el concepto de antiextractivismo, según los informes y estudios de casos al respecto. Este concepto está relacionado con las luchas por los recursos naturales, el territorio y la convivencia con las culturas ancestrales.

Si bien existen diferentes perspectivas sobre este concepto, en general el antiextractivismo se refiere a la perspectiva crítica y mayoritariamente negativa de las actividades extractivas, las políticas e ideologías que las promueven, sus efectos socioambientales y, de manera más propositiva, las formas de resistencia social que provocan.

Estas actividades están relacionadas con conflictos entre empresas y stakeholders, ya que las operaciones extractivas pueden manifestarse como conflictos por el agua, el suelo o el subsuelo.

En el caso de la minería, donde las empresas no pueden elegir cuándo son óptimas desde consideraciones sociales, ambientales o políticas, apropiadas o “amigables”, las empresas tienen una alta probabilidad de enfrentar conflictos con las comunidades locales. Para algunos investigadores, los grupos de protesta pueden tener multas menos altruistas y buscar más notoriedad política.

Comprender el contexto en el que tiene lugar el activismo anti-minero es relevante para una mejor comprensión de los motivos, estrategias y acciones de los activistas. Y este entendimiento presenta reflexiones y aportes de interés para la triada de legisladores, ejecutivos y académicos que se relacionarán con la interfaz entre minería y sociedad civil.

Hay acuerdo en que todos los grupos utilizan estrategias de resistencia similares, como actividades de divulgación, protestas, bloqueos y, en ocasiones, violencia.